PALMA.-Que un militar de alta graduación insulte a un subordinado y a su mujer no es motivo de sanción. Al menos así lo sostiene la subsecretaria del Ministerio de Defensa, Victoria San José Villace, quien ha decidido archivar la denuncia interpuesta el pasado mes de abril por el capitán de corbeta Pablo Avanzini González-Llanos, contra el capitán de fragata Ricardo Álvarez Maldonado por lanzar graves descalificaciones contra él y su esposa a través de varios correos electrónicos.

Los hechos se remontan a agosto de 2006, cuando Pablo Avanzini llegó a la isla junto a su esposa, Isabel Pascual del Pobil, y sus tres hijos, destinado como jefe de Órdenes de la Base Naval de Porto Pi. Sin embargo, el entonces delegado del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas) en Baleares, Manuel Rivas, se opuso a que ocuparan el pabellón militar que tenían asignado en la base desde el 4 de abril, alegando que había que hacer obras en el inmueble que se prolongarían durante varios meses.

Tras permanecer alojados provisionalmente durante un mes en la isla, Isabel Pascual decidió ocupar el pabellón junto a sus tres hijos el 30 de agosto. Al día siguiente, Rivas se presentó en la casa, instó a la familia a que la desalojara con amenazas -«¡os vais a dormir a la calle!»- y ordenó a un empleado quitar la cerradura, tal como fue denunciado en su día ante los Juzgados.

A raíz de este incidente, el anterior ocupante de la vivienda, el capitán de fragata Ricardo Maldonado, remitió una serie de correos electrónicos insultantes a Pablo Avanzini, con copia dirigida a todos sus compañeros de promoción. El motivo era que Isabel deposito junto a la puerta, en el interior de la vivienda, varios enseres de Maldonado para que pasara a recogerlos su esposa.

«Es absolutamente impresentable, maleducada e indigna vuestra conducta. Ni me contestes!!!», rezaba el primero de estos mensajes remitido por el capitán de navío el 14 de septiembre.

Antecedentes

Dos semanas después, Maldonado enviaba otro correo con descalificaciones al nuevo jefe de Órdenes de la Base en el que le hacía responsable, falsamente, de las informaciones publicadas en EL MUNDO sobre el incidente registrado en la Base Naval. «Sigues atacándome personalmente en la prensa, escondido detrás de su mujer», indicaba el mensaje fechado el 3 de octubre.

Pablo Avanzini también ha aportado en su denuncia un tercer mensaje, del pasado 28 de marzo, en el que Maldonado elevaba el tono de sus insultos: «Veo que sigues con tu particular empeño en desprestigiarme. ¿No os da vergüenza a ti y a la … de tu mujer continuar con esta parodia?».

El capitán de corbeta presentó sendos partes ante sus superiores, denunciando estos hechos, el 23 y el 26 del pasado mes de marzo. Sin embargo, pocas semanas después se le comunicó que debía dirigir su denuncia al delegado de Defensa en Baleares, cosa que hizo el pasado 23 de abril.

Ahora, la subsecretaria de Defensa, Victoria San José Villace, ha contestado a su denuncia con un escrito en el que sostiene que «no existe motivo suficiente para que se proceda a la iniciación de procedimiento disciplinario alguno, y si lo fuere, habrían transcurrido en este momento el plazo de prescripción de seis meses para la sanción de las faltas disciplinarias graves». De este modo, el Ministerio de Defensa establece que los insultos de Maldonado a un subordinado, no son motivo de ninguna sanción.

La secretaria de Defensa señala también que no cabe recurso contra su resolución, por lo que a Pablo Avanzini sólo le queda recurrir a los Juzgados de lo Penal por la vía ordinaria. Mientras tanto, el Tribunal Militar Central número 2 debe resolver todavía la denuncia que este capitán de corbeta presentó contra el entonces delegado del Invifas, Manuel Rivas por presunto allanamiento de morada y amenazas, a raíz del incidente registrado el 30 de agosto. Tras aquellos hechos, Rivas cesó el pasado 5 de junio como delegado del Invifas en Baleares. La polémica ocurrida en la Base Naval no fue la única en la que se había visto envuelto. El pasado mes de noviembre, Rivas fue denunciado en Comisaría por presuntas amenazas y coacciones al presidente de la Asociación de Vecinos del Baluard del Príncep, Ginés Ayala, y a una inquilina de estas residencias militares.

Ayala ya había dirigido con anterioridad un escrito a la Delegación del Defensa en el que denunciaba el «nefasto proceder» de Rivas, así como por su «comportamiento negligente, carente de la más elemental norma de educación» con los residentes de las viviendas militares y su actuación «totalmente desafortunada, arbitraria e indigna de un estamento militar».

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POLÉMICA

PALMA.- La esposa de un alto mando de la Base Naval de Porto Pi ha presentado ante la Fiscalía una denuncia contra el delegado del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas) en Baleares, el teniente coronel Manuel Rivas González, por los presuntos delitos de allanamiento de morada, prevaricación y fraude a la Hacienda pública.

Entre los hechos que se imputan a Manuel Rivas en la denuncia se encuentra haber permitido que el capitán de fragata Ricardo Álvarez-Maldonado, ex jefe de Órdenes de la Base Naval, disfrutara durante casi siete años de dos viviendas militares al mismo tiempo, algo que prohibe taxativamente la Ley 26/1999 de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de las Fuerzas Armadas y la propia normativa del Invifas.

El capitán de corbeta Ricardo Álvarez-Maldonado (ascendido el pasado mes de julio a capitán de fragata) llegó destinado al Sector Naval el 17 de abril de 1998 y, desde el primer momento, pasó a ocupar gratuitamente en razón de su cargo un amplio pabellón militar gestionado por el Invifas. Se trata de un espacioso inmueble de dos plantas, situado en el interior de la Base de Porto Pi.

Un año después, Álvarez-Maldonado logró que la delegación del Invifas en Baleares le adjudicara una vivienda propia, situada en la calle Sobreposat de Palma, en una polémica subasta celebrada el 25 de junio de 1999. Desde ese momento, y hasta el pasado 30 de agosto, el capitán de fragata ha continuado residiendo en el pabellón de la Base Naval, pese a ser al mismo tiempo titular de la vivienda del Invifas adjudicada en la calle Sobreposat, según la denuncia presentada en Fiscalía.

De acuerdo con la Ley 26/1999, el teniente coronel Manuel Rivas, en su condición de delegado del Invifas, estaba obligado a revocar la adjudicación de esta vivienda de la calle Sobreposat si Álvarez-Maldonado no la utilizaba como residencia habitual.

El propio documento administrativo por el que se cede su uso indica que será motivo de revocación si el beneficiario «no destina la vivienda a domicilio habitual y permanente». Sin embargo, pese a ser titular de la nueva vivienda adjudicada, de la que se convertiría en propietario, el ex jefe de Órdenes del Sector Naval ha seguido residiendo hasta el pasado 30 de agosto en el pabellón de cargo de la Base Naval, sin tener que pagar ningún tipo de alquiler ni gastos de luz y agua. En total, siete años vulnerando la Ley que regula el uso de las viviendas militares, según la denuncia.

El teniente coronel Rivas era consciente de estos hechos, pues a ambos les une una estrecha amistad y, de hecho, son compañeros de regatas: no podía desconocer que Álvarez Maldonado era adjudicatario de una vivienda en la calle Sobreposat, ni que seguía residiendo en la Base Naval, a pocos metros del muelle donde Rivas tiene atracado habitualmente su yate.

Y pese a ello, el delegado del Invifas no tomó ningún tipo de medida para desahuciar a su amigo y cumplir la Ley, motivo por el que ha sido denunciado ahora ante la Fiscalía por prevaricación.

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Intentó echar al nuevo inquilino para hacer obras ‘ficticias’