Hasta ahora, las numerosas quejas y denuncias que los inquilinos de las viviendas militares han presentado ante el Ministerio de Defensa contra el responsable del Invifas en Baleares han caído en saco roto.

El presidente de la Asociación de Vecinos del Baluard del Príncep, Ginés Ayala, ya dirigió un escrito a la Delegación del Defensa en enero de 2005 en el que expresaba el «repudio» de este colectivo hacia el teniente coronel Rivas y pedía al Ministerio que «haga todo lo posible para evitar su permanencia en tan delicado cargo».

En su escrito, Ayala expresaba su queja por el «nefasto proceder» de Rivas, así como por su «comportamiento negligente, carente de la más elemental norma de educación» y su actuación «totalmente desafortunada, arbitraria e indigna de un estamento militar». El presidente de la asociación de vecinos, que representa a unos 200 inquilinos de Defensa, se había pasado 17 días pidiendo una entrevista con el delegado del Invifas sin recibir ni siquiera respuesta.

Respecto a los hechos que dieron lugar a la denuncia presentada el pasado lunes en Comisaría, Ginés Ayala recalcó lo arbitrario de la actuación de Rivas, puesto que él mismo había autorizado por escrito en 1999 a Pilar Vicente a utilizar el piso para depositar los muebles, ya que su propia vivienda apenas reúne unas condiciones mínimas de salubridad debido a los problemas de humedades que el Invifas jamás ha llegado a resolver.

No es la primera vez que el delegado del Invifas es denunciado por amenazas a militares o a sus familias. El pasado 31 de agosto protagonizó una escena similar al descerrajar la cerradura de la vivienda de la Armada en la que están residiendo la esposa de un capitán de corbeta y sus tres hijos de seis, 11 y 13 años, a los que pretendía enviar «a dormir a la calle», según la expresión que él mismo utilizó.

Los hechos ocurrieron en un pabellón de cargo de Porto Pi, donde acababa de instalarse Isabel Pascual del Pobil con sus hijos, después de que su marido fuera destinado a la isla como alto mando de la Base Naval.

A pesar de que el Invifas les había adjudicado esta vivienda oficialmente el pasado 4 de abril, el teniente coronel Rivas se negó en redondo a que la ocuparan, alegando que tiene que hacer unas obras presupuestadas en 70.000 euros, que se prolongarán durante diez meses.

Tras permanecer alojados provisionalmente durante un mes en la isla, con todos sus muebles almacenados en el puerto a la espera de poder instalarse, Isabel Pascual decidió el pasado 30 de agosto ocupar junto a sus tres hijos el pabellón que les ha asignado el Invifas.

Al día siguiente, Rivas se presentó en la casa instando a la denunciante a desalojarla de inmediato: «¡Os vais a dormir a la calle!», le espetó colérico ante los pequeños. Acto seguido, ordenó a un cerrajero que cambiara la cerradura para que los nuevos inquilinos no pudieran volver a entrar en ella. Desde entonces, Isabel y sus hijos siguen viviendo en la casa sin cerradura y su marido permanece de baja por motivos médicos.

PALMA.- El diputado del PP y vicepresidente de la Comisión de Defensa Arsenio Fernández de Mesa ha presentado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados en las que pide al Gobierno que aclare el escándalo protagonizado por el delegado del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas) en Baleares, el teniente coronel Manuel Rivas González.

Esta iniciativa parlamentaria tiene su origen en las informaciones publicadas por EL MUNDO/El Día de Baleares sobre la denuncia que la esposa de un alto mando de la Base Naval de Porto Pi ha presentado ante la Fiscalía contra Manuel Rivas por los presuntos delitos de allanamiento de morado, prevaricación y fraude a la Hacienda Pública.

En su interpelación, el diputado popular pide al Gobierno que aclare si es cierto que el delegado del Invifas ha permitido que el ex jefe de Órdenes de la Base Naval, el hoy capitán de fragata Ricardo Álvarez-Maldonado disfrutara de dos viviendas militares al mismo tiempo durante siete años, algo que prohibe expresamente el reglamento del Invifas y la Ley 26/1999 de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas. «¿Qué explicación puede dar el Ministerio de Defensa a semejante irregularidad consentida?», cuestiona Fernández de la Mesa en su interpelación parlamentaria.

Compañeros de regatas

Según consta en la denuncia, la delegación del Invifas en Baleares adjudicó a Álvarez-Maldonado una vivienda en la calle Sobreposat de Palma, en una polémica subasta celebrada en junio de 1999, pese a lo cual el capitán de fragata ha seguido residiendo gratuitamente desde 1998 hasta el pasado 30 de agosto de un pabellón de cargo situado en la Base de Porto Pi: un amplio inmueble de dos plantas, situado junto a los muelles.

El artículo 28 del Real Decreto 991/2000, que desarrolla la Ley de movilidad de las Fuerzas Armadas, establece que ningún miembro del Ejército «podrá ser titular de dos viviendas militares. Asimismo, durante el tiempo que esté ocupando un pabellón de cargo, a su titular no se le podrá adjudicar una vivienda militar».

El ex jefe de Órdenes de la Base habría incurrido en ambas irregularidades, presuntamente con el consentimiento del teniente coronel Manuel Rivas, quien conocía bien su situación personal: a ambos les une una estrecha amistad y son compañeros de regatas.

El diputado popular Arsenio Fernández de Mesa también pide al Ministerio de Defensa que aclare por qué, tras permitir esta irregularidad durante siete años, Rivas se niega ahora a que el nuevo jefe de Órdenes de la Base Naval ocupe el mismo pabellón militar de Porto Pi.

Según consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía y ante la Guardia Civil, el delegado del Invifas justifica esta negativa alegando que pretende mantener deshabitado el pabellón durante 10 meses, para ejecutar reformas presupuestadas en 70.000 euros. De esta cantidad, 30.000 euros corresponden a la sustitución de la red eléctrica de la vivienda pues, según Rivas, su estado entraña un grave peligro para la seguridad de los inquilinos. Pero lo cierto es que un instalador autorizado por el Govern ha acreditado que la red eléctrica se encuentra en perfecto estado y no entraña el menos peligro.

Del mismo modo, varias empresas independientes consultadas por la esposa del actual jefe de Órdenes han certificado que las obras que precisa la vivienda (incluyendo la renovación de la pintura interior y exterior, así como la sustitución de las baldosas en algunas dependencias de la primera planta) únicamente costarían 9.000 euros, prácticamente la décima parte de lo que Rivas pretende justificar ante la dirección del Invifas.

Por este motivo, Fernández de Mesa pide al Ministerio que aclare en las Cortes «¿qué se esconde tras la conducta de la Delegación del Invifas en Baleares?».